Por Irene Serrano
El BOE publicaba, el 4 de junio de 2007, la Ley 6/2007 aprobando el Proyecto Regional "Ciudad del Medio Ambiente", una ley autonómica a la carta que permitía un desarrollo urbanístico en el Soto de Garray en un paraje especialmente protegido delimitado por el Duero y junto a las ruinas de Numancia, a unos seis kilómetros de la ciudad de Soria, esquivando el control de los procedimientos ordinarios.
Hace unos días el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad de este proyecto de "interés regional", concepto indeterminado donde los haya y que no es sino una retorcida fórmula jurídica para sortear la legislación de urbanismo y de medio ambiente, pasando por encima de los más elementales principios que deben regir la actividad pública en estas materias; tales como la transparencia administrativa, la participación ciudadana, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, el uso equilibrado del suelo y del territorio para legarlo a las generaciones futuras…
¡Qué mejor forma de proteger el medio natural y el patrimonio arqueológico que construir una nueva ciudad en un paraje protegido y dilapidar más de 52 millones de euros en un ámbito que debió ser preservado de la urbanización por la misma consejería que promovió el proyecto regional!
La Ciudad del Medio Ambiente ni es ciudad ni, por supuesto, resulta compatible con la protección del medio a la que alude su apellido. No nos dejemos engañar, nada hay que nos haga desconfiar más a los urbanistas que la utilización de estos nombres tan pretenciosos: la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, la Ciudad de la Justicia en el nuevo barrio de Valdebebas junto a la T4 en Madrid… nada tienen que ver con el concepto de ciudad; por tanto, no merecen este calificativo.
La mayor perversión de ese modo de legislar es que el "gobernado", dícese de alguien que nunca tiene derecho a decidir, no tiene posibilidad alguna de saber lo que ocurre, de plantear alternativas o de oponerse a unas decisiones que le vienen impuestas a través del boletín oficial. Se vulneran así derechos fundamentales como la tutela de jueces y tribunales sobre los derechos e intereses legítimos de todas las personas.
Nuestros gobernantes de este modo benefician unos intereses particulares que siempre lo son en detrimento del denostado interés general. Utilizan las mayorías absolutas obtenidas con programas políticos falsos, que nunca tuvieron intención alguna de cumplir, para aprobar leyes que sirven para eludir otras leyes aprobadas también por ellos mismos. ¡Menudo despropósito, si parece una frase de los geniales hermanos Marx!
La codicia de los mercados proveniente de la especulación carece de límites, ya lo sabemos, pero cuando este tipo de actuaciones son llevadas a cabo por una administración, cuya principal finalidad es la protección del medio natural, y lo hace a través de una empresa pública que intenta evitar todos los controles establecidos, es sencillamente deplorable. Si además enterramos millones de euros en la operación, en una época de recortes contra las necesidades más elementales, como sanidad y educación, deberían exigirse directamente responsabilidades penales.
Menos mal que esta vez sí han funcionado los sistemas de control, de lo contrario, la sensación de impunidad de quienes así gestionan lo público hubiera sido difícil de soportar para los que aún creemos en el urbanismo.
Me equivocaría otra vez - Live | Fito & Fitipaldis
Cuanta razón tienes. Excepto en el ultimo párrafo. No se si esta vez han funcionado los sistema de control, Lo que si te digo es que ha sido tarde. Se han gastado ya un montón de dinero en el "sin sentido" de la Ciudad del Medio Ambiente y si se exigen responsabilidades penales se aprobaran leyes que sirvan para eludirlas.
ResponderEliminarAhora el que tiene toda la razón eres tú, los sistemas de control han funcionado, pero demasiado tarde, siete años después, lo que equivale a no funcionar...
EliminarY lo peor es que esta sentencia llega tras una inversión ya realizada que puede llegar a más de 80 millones de euros (corrijo la cifra aportada en el artículo, no contaba con la planta de biomasa que al parecer ya ha sido instalada en Garray) cuando ya era conocido que el tema estaba en los tribunales. Todo un despropósito político.
Y sí, probablemente ahora aprueben otra ley para corregir ésta, y todo por tratar de evitar la tramitación ordinaria en materia de urbanismo. Los atajos siempre resultan carísimos en urbanismo pero como paga el contribuyente, pues nada, a seguir.