Por Irene Serrano
Un lema que se repite en las protestas y manifestaciones de nuestro país es la denuncia del autoritarismo y corrupción de las élites políticas y financieras, cuyos intereses nunca han estado tan ligados entre sí como hoy.
España es, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional, el segundo país, tras la castigada Siria, donde más ha aumentado el índice de percepción de la corrupción en 2013. Esto supone un enorme lastre que impide el crecimiento, echando por tierra el esfuerzo de muchos y restando posibilidades y oportunidades a quienes no buscan atajos. La corrupción no sólo daña individualmente sino que puede llegar a descomponer una sociedad entera al perder la ilusión y la credibilidad en cualquier proyecto de futuro.
Rasgos comunes de quienes ejercen prácticas corruptas son el abuso con el que acostumbran a desempeñar el poder y su comportamiento soberbio. Siempre buscan culpables fuera de sí y jamás se arrepienten al carecer de eso que llamamos mala conciencia. Ante cualquier crítica sobre sus actuaciones se defienden descalificando al denunciante. Nunca reconocerán sus acciones infames, más bien, las justifican como algo natural. Tratan siempre de salvar las apariencias, por eso los veremos en primera fila en celebraciones, actos de caridad y en ceremonias solemnes. Suelen tener buenos modales, una especie de "máscara" para disimular sus malos hábitos.
Se habla mucho de la corrupción que sale en las cabeceras de los telediarios, en la prensa escrita y en las tertulias radiofónicas; del saqueo de las arcas públicas de algunos gobernantes; de la construcción de aeropuertos sin aviones; de la financiación ilegal de los partidos; de las gratificaciones que reparten algunos tesoreros en sus formaciones políticas; de los condenados que abarrotan nuestras cárceles por cometer estas fechorías… Pero nada se dice de la corrupción, llamémosla "legal" que también existe, que no es otra que aquélla que está amparada por la legislación o la interpretación más perversa que se hace de ella.
La primera se puede combatir fácilmente, si se quiere. Basta con dotar de una verdadera independencia al poder judicial, tratando a todos por igual y proporcionando los medios necesarios para conseguir una mayor agilidad en sus decisiones. También ayudaría exigir una actuación austera y transparente de los gestores de la administración, facilitando el acceso a la información, rindiendo cuentas de lo que hacen y respetando la autonomía de los profesionales de la función pública.
Sin embargo, la segunda resulta mucho más nociva y difícil de combatir al estar avalada por el BOE, mediante textos en los que se abusa de la "letra pequeña" o de conceptos jurídicos indeterminados, dando amplio margen a la discrecionalidad en la interpretación de algunos cargos de confianza que resuelven al dictado de gobernantes, pervirtiendo el verdadero espíritu que debe regir la gestión de lo público y convirtiéndose en los cómplices necesarios para este deplorable ejercicio del poder.
Leyes como las que regulan los usos del suelo y sus valoraciones, o las que evalúan el impacto ambiental de determinadas actividades o instalaciones, deberían describir y acotar conceptos como "sostenibilidad", "bien común", "interés general" o "utilidad pública" de forma que sean universalmente mensurables y comprensibles para el estamento judicial. Estos términos tan abstractos sí son definidos en los planes redactados por aquéllos que se toman en serio el oficio de planificar el territorio y la ciudad; sin embargo, son objeto de numerosas manipulaciones arbitrarias cuando se trata de obtener elevadas plusvalías provenientes de una reclasificación, o de un cambio de uso por otro mucho más lucrativo. No estoy hablando de algo pasado, esto ocurre hoy en la administración local y autonómica, donde el margen de actuación en materia urbanística es muy amplio y los beneficios en juego elevados. En esta confrontación el que pierde siempre es el interés general, algo que no se defiende en nuestro país con demasiada energía y convicción.
"Neighbohood", del álbum Funeral de Arcade Fire
Porque el poder legislativo es todavia menos independiente que el judicial
ResponderEliminarExactamente, y quiénes tienen que aplicar las leyes las retuercen a veces hasta extremos insospechados... Menos mal que de vez en cuando alguna sentencia, incluso del Constitucional, echa por tierra leyes como la que de forma excepcional posibilitó la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, una aberración política que nos ha costado mucho dinero a los castellano leoneses. Gracias por tu interés!
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