Grandes remedios

Lo sucedido, por poner un ejemplo, en Valdemoro o en Andalucía nos recuerda que aunque somos  un país extraordinario, nuestra escasa tradición de gobiernos democráticos y, lo que es peor, la escasa conciencia democrática de muchos de los que nos gobiernan, nos hacen ser muy vulnerables.

No hubiéramos llegado tan lejos en el problema de la corrupción, que tanto ha contribuido a la ruina y al descrédito de nuestro país, de no haber sido por su principal aliado: el deterioro progresivo e intencionado de la función pública que fue gestándose durante los años de bonanza económica. Y digo intencionado porque nadie parece estar más interesado en una administración al servicio de quien gobierna que el político corrupto, que no es otro que aquél cuyas decisiones obedecen a intereses particulares, incluido el suyo, muy alejados del interés general. Sólo una administración eficaz e independiente puede ejercer el control necesario y guiar las decisiones políticas por el camino de la legalidad.

Principios como la independencia, la transparencia o la eficacia, la responsabilidad y el servicio a los ciudadanos han sido menoscabados al mismo tiempo que la administración ha ido aumentando progresiva e injustificadamente de tamaño, a través de la creación de áreas y estructuras duplicadas, empresas públicas y toda una red de altos cargos y directores de libre designación que tomarán las decisiones, en favor de intereses particulares no coincidentes con el interés público que debería guiarlos siempre.

Particularmente grave resulta el caso de muchas decisiones que en materia urbanística fueron tomadas durante la primera década de este siglo. La 'Ciudad del Medio Ambiente' en Soria fue aprobada por un procedimiento excepcional en 2007 (coincidiendo con el colapso financiero que marcó el principio de la crisis) y promovía un importante desarrollo urbanístico en Soto de Garray, sobre un paraje especialmente protegido delimitado por el Duero, en zona inundable, junto a las ruinas de Numancia y a seis kilómetros de la ciudad de Soria. 

Hoy el poder judicial pide su derribo tras la declaración de inconstitucionalidad del proyecto, una vez gastados por la administración autonómica más de 50 millones de euros; al mismo tiempo que recortó en sanidad y educación o que paralizó las obras del hospital de esa ciudad. Por supuesto, los gastos derivados de una mala práctica en urbanismo: la demolición y las indemnizaciones a propietarios, se pagarán con dinero del contribuyente por haber sido autorizados por una administración politizada y, lo que es peor, muchas veces, sin responsables civiles, ni penales.

Pero algo está cambiando, no tanto en la clase política, sino en la gente. A la fuerza nos está tocando aprender aquello que decía Norberto Bobbio: "...uno debe ser 'independiente' de la política, pero no 'indiferente' a ella...". En la nueva época en la que nos está tocando vivir sólo sobrevivirán aquellos políticos responsables que entiendan que la gente no será indiferente a sus actos ni a sus decisiones. El resto desaparecerá, se extinguirá como ocurre con todas las especies que no tienen capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, a las nuevas condiciones que afortunadamente tendrán que llegar.

Empezaremos por comprobar quiénes quieren erradicar de verdad las prácticas corruptas, y no con palabras vacías, discursos grandilocuentes o ruedas de prensa pidiendo perdón, sino con hechos y propuestas reales. Para ello nada mejor que aquéllos defiendan y apoyen una administración independiente, eliminando todos los cargos de libre designación, haciendo posible una verdadera carrera profesional basada únicamente en criterios de mérito y de capacidad, de eficacia en la realización del trabajo, y de eficiencia en la utilización de los recursos públicos, evaluada siempre con criterios objetivos y suprimiendo la posibilidad de que ningún gobernante meta la 'zarpa' en ella utilizándola a su servicio.

Una buena forma de empezar a tomarse en serio la lucha contra la corrupción sería exigir la responsabilidad de quienes malversen el dinero público, la eliminación de la administración paralela y la supresión de las empresas públicas, que muchas veces se han creado para esquivar los controles y procedimientos necesarios que garantizan los derechos de todos, en favor de una agilidad malentendida. La expulsión de los cargos políticos que hayan de sentarse en un banquillo, o la inhabilitación sine die de políticos y funcionarios que hayan sido condenados son otras medidas que nos permitirán recuperar la confianza.

De lo contrario, corremos el riesgo de terminar como Italia en los primeros años 90: la justicia descubrió una gigantesca red de corrupción durante el proceso judicial llamado 'Mani pulite' que acabó con los partidos políticos tradicionales, además de llevar a los juzgados a la mayoría de los cargos públicos del país, y que desgraciadamente terminó con Silvio Berlusconi y su mensaje tramposo en el poder.

#Mientrastanto Fragile  de Sting